Ciudad Juárez.- Las fotografías de cada uno de los 40 migrantes que murieron atrapados tras las rejas en un incendio suscitado la noche del 27 de marzo de 2023 en la estación del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, aparecían en pantallas, mientras se escuchaba la canción “solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente”.
Un par de jóvenes cantaban tocando la guitarra, mientras que los asistentes al evento en memoria de los fallecidos, colocaba flores y encendía veladoras alrededor de una cruz que se colocó frente al mismo recinto donde ocurrió la tragedia aquella noche.
En las pantallas también aparecían las fotografías de los 42 sobrevivientes, algunos de ellos con alguna mutilación, daños pulmonares, renales y un trauma con el que cargarán toda su vida, tal y como lo expresó Blanca Navarrete, directora de la organización Derechos Humanos Integrales (DHIA).
DHIA, en conjunto con el Servicio de Jesuitas Refugiados, y organizaciones civiles de la Ciudad de México, organizaron la vigila en la que manifestaron también que no se hizo justicia.
“Es la tragedia más cruenta y trascendente en el ámbito internacional por las diversas nacionalidades de las víctimas, estando además estas bajo la custodia del estado”, recalcó.
Dijo que la ciudad no supo responder ante la llegada de todas las personas originarias de otros países que buscaban mejores condiciones de vida, huyendo de la violencia en sus países.
La activista puntualizó además que previo a la tragedia, del 6 de enero al 15 de febrero de 2023, el INM había detenido a casi 4 mil personas en esta ciudad, realizando operativos en el centro y redadas que son ilegales en la vía pública y que nunca se habían visto.
“Palpamos el rechazo con discursos xenofobos, detenciones y violencia, lo que importaba era detenerles, aunque esas detenciones tuvieran el rótulo de rescates humanitarios”, señaló.
Recordó que otras 15 mujeres fueron sacadas a tiempo, pero que cargan con estrés post traumático por el recuerdo doloroso de los hechos.
La activista destacó que no se hizo justicia en contra de los titulares del INM quienes son los responsables de estos hechos.
“Podrán argumentar que la distancia de miles de kilómetros entre Juárez y la Ciudad de México libera de culpas pero nuestro marco normativo es el mismo en todo México y claramente se violó por los propios responsables de cumplirlo”, señaló
DHIA ha estado presente en más de 30 audiencias de las siete causas penales que conforman la carpeta de investigación del caso.
“Hemos constatado cómo, mientras las personas fallecidas y sobrevivientes no tuvieron ni agua detrás de las rejas, hay quien pueda ingresar un plato de comida caliente a las audiencias y repatir tazas de café, a quedado acreditado cómo el prespuesto público es utilizado para la defensa de uno de los imputados”, dijo al referirse a Francisco Garduño, entonces comisionado del INM.
Dijo que el mismo gobierno federal solventó los viajes quincenales que debió realizar hasta hace unos meses al Centro de Justicia Penal en esta ciudad y para alegar que las víctimas ya han sido indemnizadas y ofrecer ese argumento en el proceso en su contra.
