Ciudad Juarez.- Francisco Garduño Yáñez, ex comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) fue exonerado ayer de todo cargo por la muerte de 40 migrantes y las lesiones a otros 42 que sobrevivieron en el incendio ocurrido el 27 de marzo de 2023, cuando fueron encerrados tras las rejas y bajo llave en las instalaciones de dicho instituto en esta ciudad. Está decisión demuestra que la justicia es selectiva para los funcionarios públicos y revictimiza a las víctimas, señaló la organización Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA).
“Se acabó un proceso largo, mi inocencia, yo estaba a mil 800 kilómetros de aquí”, dijo Garduño al reportero de TV Azteca, Reynaldo Lara al salir del Centro de Justicia Penal Federal en el que el juez Víctor Manlio Hernández Calderón decidió que no era culpable de esos hechos.
Para el juez, el excomisionado del Instituto Nacional de Migración cumplió con las condiciones impuestas para desvincularle del caso del incendio en la estación migratoria.
Tras las ocho horas que duró la audiencia, Garduño dijo ayer al periodista que el siniestro ocurrió porque dos venezolanos quemaron dos colchonetas, y no hubo nada que el instituto pudiera hacer.
DHIA emitió hoy un comunicado en el que señala lo siguiente.
“Las víctimas no perdieron un caso:
Ayer volvió a ganar la corrupción y la impunidad de los políticos protegidos por el poder. La exoneración de Francisco
G. Y. tras la tragedia en la estancia migratoria de Ciudad
Juárez confirma que en México la justicia es selectiva.
La decisión judicial de eximir a un ex funcionario del INM, y hoy de la SEP, demuestra que el sistema opera para proteger a los poderosos y no para garantizar los derechos de las personas en movilidad. La impunidad institucional sigue siendo el sello en casos graves de violaciones a derechos humanos.
Esta resolución revictimiza a las familias de los 40 fallecidos y a las y los sobrevivientes, negándoles el derecho a la verdad y a una reparación integral. Las fallas estructurales y la omisión estatal no pueden quedar absueltas por un sistema judicial a la medida del poder.
#NoFueElIncendioFueElEstado
Desde las organizaciones de la sociedad civil que acompañamos a algunas familias fallecidos y sobrevivientes seguiremos con paso firme en la defensa y promoción de los derechos de las personas en contextos de movilidad humana.
No normalizaremos la impunidad. Exigimos justicia real, memoria y garantías de no repetición.
En esta resolución la deuda mayor es con la justicia, las familias de los fallecidos, y con las y los sobrevivientes, porque el incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez era prevenible; no debieron morir 40 personas, ni dejar con secuelas de por vida a 27 más, donde destacamos, que aún no han sido reconocidas como víctimas 15 mujeres”.
