Ciudad Juárez.- Tras darse a conocer que el el Juez Séptimo de Distrito Federal, otorgó un amparo para brindar libertad inmediata a José Luis A.C.,propietario del crematorio Plenitud, donde el pasado 26 de junio se localizaron 386 cadáveres apilados que no fueron cremados desde años atrás, el fiscal general del Estado, César Jauregui Moreno, ofreció una rueda de prensa para dar a conocer los recursos legales que se interpondrán para que se de marcha atrás a esa decisión, además de señalar que fue el cambio de juez, debido a la nueva reforma, lo que derivó en este hecho de impunidad.
Recordó que, en ese mismo juzgado, anteriormente ya se había recibido una solicitud de amparo en favor de esta misma persona, sin embargo, la entonces jueza lo negó al considerar que los cuerpos tenían meses apilándose y sin un manejo adecuado, bajo condiciones insalubres y en estado de descomposición, lo que representaba un riesgo para la comunidad juarense.
El fiscal explicó que, el nuevo Juez Federal (Luis Eduardo Rivas Martínez), que otorgó el amparo, se centró en dos cuestiones, como los son los verbos rectores de los delitos, que son “ocultar” y “conservar”, lo que consideró no existe en este caso, pues los cuerpos no estaban escondidos.
“¿Qué hemos nosotros probado?, que había 386 cadáveres sin un tratamiento adecuado, que tenían en ese lugar no días, ni meses, años y bajo las condiciones más insalubres y probamos que a los familiares se les hizo entrega de urnas funerarias conteniendo restos que no correspondían a sus seres queridos”, comentó.
En relación a esto, las pruebas apuntan a que existía dolo evidente en el acumulamiento de los cuerpos, pues las familias que pagaban por un servicio, no estaban recibiendo las cenizas de sus seres queridos.
“Frente a una resolución así, no queda más que combatirla, y la Fiscalía lo que hará inmediatamente, es presentar dos recursos, un recurso de revisión frente a los jueces del Poder Judicial Federal, a fin de que recomponga esta sentencia de amparo y vuelva las cosas al estado en que actualmente se encuentran, y en segundo término, un recurso de queja frente a los Órganos de Control del propio Poder Judicial a efecto de que se revise la actuación del Juez”, señaló.
Agregó que ya se trabaja en una estrategia jurídica respecto a este caso, y con el objetivo de no entorpecer los procesos, se reservan mayores detalles, y refrendó su compromiso para hacer todo lo que esté en manos de la institución, para garantizar a las familias y sus deudos, el acceso a la justicia.
El juez consideró que aunque la conducta es reprochable, es inmoral, es anti ética, es anti profesional, no es delito, y en el caso del delito”, mencionó.
Sin embargo, en el caso del delito contemplado en la Ley General de Salud, el juez establece, el tipo penal dice ¨se impondrá de seis a 17 años de prisión a quien ilícitamente obtenga, conserve, utilice, prepare, o suministre órganos tejidos y sus componentes, cadáveres o fetos de seres humanos¨, y él los conservó ilícitamente a 366 cuerpos”, señaló.
Dijo que esos delitos, la FGE los acreditó plenamente, ya que los jueces locales concedieron tanto la orden de aprehensión, la vinciulación a proceso de esa persona y la prisión preventiva para que llevara para que llevara el proceso penal recluído.
Dijo además que José Luis Arellano, es cuidadano estadounidense, por lo que no se descarta el riesgo de que huya a ese país.
Ante los cuestionamientos de los medios de comunicación, sobre el hecho de que, en dos cartas dirigidas a la opinión pública, los colectivos que representan a familiares de las víctimas piden la dedtitución del fiscal de la Zona Norte, Carlos Manuel Salas, insistió que la Fiscalía aportó todas las pruebas necesarias, al grado de que se otorgó órde de aprehensión y vinculación a proceso, pero el juez federal tomó esa desición de manera subjetiva, es decir, en base a su propio criterio y no en base a la ley.
